Se trata del segundo intento de Desahucio que tendrá lugar mañana Miércoles. Se convoca a la ciudadanía a las 08:00 horas en la Calle Antonio López 20.
El Sindicato de Vivienda, que agrupa a diferentes organizaciones como la PAH, ha convocado una protesta a las puertas del número 20 de la calle Antonio López a partir de las 8.00 horas de este Miércoles 22 de Julio, con el objetivo de impedir de manera pacífica el segundo intento de lanzamiento de una inquilina y su hija menor. La medida llega tras la caída de la moratoria estatal que amparaba a los hogares en situación de vulnerabilidad.
El pasado 29 de junio, la familia logró una prórroga del desahucio, pero esa tregua ha quedado sin efecto. La madre y su hija se enfrentan ahora a un nuevo desalojo «sin que exista ningún recurso habitacional alternativo», según denunció este martes la plataforma sindical, que ha hecho un llamamiento expreso a los vecinos de la zona y al conjunto de la región para que secundeen la concentración.
Desde el Sindicato de Vivienda han señalado que el propietario del inmueble «ostenta la condición de gran tenedor en Cantabria y Cataluña» y han asegurado que la decisión de desalojar responde exclusivamente «a un interés económico». En este sentido, han querido poner el foco en la diferencia entre el derecho a la propiedad y los derechos fundamentales de las personas.
Cabe recordar que, según los datos disponibles, Cantabria registró 37 lanzamientos durante el primer trimestre del año, de los cuales 30 estuvieron motivados por impagos en el alquiler, lo que evidencia, a juicio del colectivo, la urgencia de abordar el problema estructural del acceso a la vivienda.
«Conseguimos aplazarlo unos días, pero nuestra advertencia se ha cumplido. Blanca y su hija están a punto de perder la casa en la que han vivido toda su vida, y el único motivo es el afán de lucro del arrendador», han manifestado desde la organización.
«Pedimos a la ciudadanía de Santander que acuda a defender este hogar. Es cuestión de decencia, de dignidad, de justicia social y de solidaridad, porque esta situación le podría tocar a cualquier persona. No puede prevalecer el negocio inmobiliario por encima de los derechos más básicos».
