El Sindicato de Vivienda ha criticado la actuación de la Policía Nacional durante el operativo desplegado este miércoles en la calle Antonio López de Santander, donde estaba previsto el lanzamiento de una inquilina y su hija. Los agentes establecieron un cordón dos horas antes de la llegada de la comisión judicial y dificultaron la concentración convocada para tratar de frenar el desalojo.

Los hechos se remontan a las 7.15 horas de la mañana, cuando dos furgones policiales y siete agentes se personaron en el inmueble número 20 de la citada vía. La comisión judicial encargada de ejecutar el lanzamiento tenía prevista su llegada a las 9.00 horas, pero el dispositivo de seguridad se activó de manera anticipada, acordonando el perímetro e impidiendo el acceso a las personas que acudían a la convocatoria pacífica.

Pasadas las 9 de la mañana, la comisión judicial hizo acto de presencia y accedió al interior del portal para ejecutar el lanzamiento. Las personas allí presentes no pudieron hacer nada por impedirlo, ante la presencia de la policía y una Delegación del Gobierno completamente pasiva ante la violación de derechos fundamentales. Blanca y su hija han quedado desamparadas y sin vivienda.

El Sindicato ha señalado además que la responsable del operativo policial agredió físicamente a una de sus militantes, a pesar de que, según sostiene, no hubo en ningún momento actos violentos ni resistencia por parte de los asistentes. La afectada ha relatado que la agente la tomó del cabello y la tiró con la intención de apartarla del portal de la vivienda.

«Han llegado con los furgones, han bajado rápidamente y directamente nos han agredido. La agente me ha agarrado del pelo y ha tirado para quitarme del portal», ha declarado la activista, que ha vinculado lo sucedido con unas manifestaciones previas del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, quien recientemente afirmó que quería «limpiar las calles de toda persona que quiera alterar el orden». Desde el sindicato consideran que esa declaración se ha materializado ya en la práctica policial.

«No se me ocurre nada que altere más el orden que echar a una familia de su casa y dejarla en la calle, o que por defender el derecho a una vivienda digna te echen a palos».

El Sindicato de Vivienda ha asegurado que puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno en Cantabria tanto la presunta vulneración del derecho de manifestación como la agresión sufrida por su compañera. Sin embargo, la respuesta obtenida, según su versión, se limitó a recomendar la presentación de una denuncia, sin ofrecer ninguna solución adicional.

La organización ha subrayado además que la agente implicada habría reconocido la agresión ante los presentes, para después retirarse el número de identificación de su uniforme antes de continuar con el operativo. Este extremo, apuntan, refuerza su denuncia sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, ante lo que consideran un abuso policial e impunidad de sus agentes.

Mientras el dispositivo se desarrollaba en el exterior, Blanca permanecía en el interior de la vivienda, a la espera de conocer si el desahucio se ejecutaría finalmente. El colectivo ha lamentado que la intervención policial desplazara la atención de la situación de la mujer y de su hija, quienes se enfrentaban a la pérdida de su hogar sin contar con una alternativa residencial.

La organización ha insistido en que ambas se encuentran en una situación de vulnerabilidad y ha criticado que las instituciones no hayan arbitrado una solución que evitara el lanzamiento. A su juicio, el operativo policial impidió que los convocados pudieran ejercer su derecho a expresar su rechazo al desalojo, y ha tildado de insuficiente la respuesta institucional, que se redujo a sugerir la vía judicial para resolver lo ocurrido.

Blanca ha sido desalojada de la vivienda, que ya se encuentra en posesión de la comisión judicial. Ha sido desahuciada junto a su hija de la vivienda en la que estaba residiendo desde que tenía 10 años, y sin contar con una alternativa habitacional. Desde el Sindicato de Vivienda las han acompañado hasta los Servicios Sociales.