Tras el cierre de curso con 92 claustros suscribiendo un documento reivindicativo conjunto, la Junta de Personal Docente de Cantabria ha comparecido hoy ante los medios para anunciar la puesta en marcha de una campaña “Por la Pública”, para protestar por los recortes en los cupos de profesorado y exigir avances en la extensión de la bajada de ratios a las demás etapas educativas, la regulación de las actividades extraescolares, la reducción de la burocracia y la reversión de los conciertos a la enseñanza privada. 

Tras las mesas de cupos de las últimas semanas, a falta de conocer la propuesta definitiva, la Consejería pretendería suprimir 94 grupos y más de un centenar de plazas de cupo entre colegios, ESO y Bachillerato. Esto no se debe simplemente, como se ha pretendido vender, a causas demográficas, sino principalmente a decisiones políticas como cambiar los criterios de cupo y de matriculación, incumplir la extensión de la bajada de ratios o seguir desviando fondos públicos a concertar la red privada. 

La extensión de la bajada de ratios a las demás etapas educativas fue un compromiso de legislatura del ejecutivo para la mejora de la calidad de la enseñanza en Cantabria, pero no se ha traducido en hechos. Hoy se cumplen 548 días desde la última reunión, que tuvo lugar el 21 de enero de 2025, pese a nuestros constantes intentos de hacer propuestas y retomar la negociación. 

En el cronograma de negociación que acordaron entre la Administración y las organizaciones sindicales, la reducción de la burocracia debía tratarse en julio de 2024. Sin embargo, la realidad es que dos años después no han tenido una sola reunión al respecto.

Igualmente preocupante es la negativa de la Consejería a regular de manera garantista las actividades extraescolares. En marzo de 2025 registraron cerca de 3.000 firmas de docentes de los centros públicos de Cantabria, reclamando una regulación que aporte seguridad al profesorado y alumnado que participa en estas actividades. 16 meses después de aquella iniciativa, la Consejería no ha demostrado voluntad alguna de avanzar al respecto.

También siguen esperando que se revise el desvío de dinero público a centros privados, ahora que el ‘boom’ demográfico con que se justificaron inicialmente es historia. Sin embargo, curso tras curso se mantienen conciertos con cifras de matriculación con las que suprimen líneas en la red pública, aplicando un doble rasero como con el “derecho a elegir centro”, que parece más bien un privilegio cuando se está negando la matriculación a familias que eligen colegios públicos para suprimir líneas en la localidad. 

Varias AMPAs han comenzado a recoger firmas y a movilizarse para hacer frente a los mismos recortes e imposiciones que la Consejería niega estar llevando a cabo. Desde la Junta de Personal ofrecen todo su apoyo y colaboración al respecto. Van a tratar de hacer confluir todo este malestar de familias, estudiantes, docentes y el conjunto de la comunidad educativa, en una nueva marea verde ‘Por la Pública’ que traiga aulas con menos alumnado, docentes con mayor dedicación y actividades extraescolares desarrolladas con todas las garantías.

Preguntan al consejero que acusa a esta Junta de Personal de generar “constante conflicto”, hasta cuándo deberían esperar para resolver las necesidades de la Educación Pública. Recuerdan que llevan dos años esperando a negociar fórmulas de reducir la burocracia. No reclamándolo, si bien en este tiempo han trasladado una propuesta y peticiones de reunión: «Llevamos dos años de demora desde que acordamos que nos sentaría a negociar».

Ya no pueden esperar más, así que vuelven a tomar la iniciativa, emplazando públicamente a Silva a reunirse con ellos el próximo miércoles 29, a las 10:30 horas en la propia Consejería. Consideran que ya es hora de demostrar con hechos la disposición al diálogo y la voluntad de resolver conflictos, comenzando a cumplir los compromisos adquiridos.