El cierre ha obligado a modificar la línea 5C2 del TUS y ha dejado sin una alternativa de transporte público a los barrios afectados.

Izquierda Unida (IU) de Santander ha registrado un requerimiento formal dirigido a la alcaldesa, Gema Igual, para exigir la reapertura del paso bajo el arco del Banco Santander, la reposición de la calzada eliminada y el restablecimiento del recorrido original de la línea 5C2 del TUS, modificado como consecuencia de las obras del proyecto Faro Santander de la Fundación Banco Santander. La formación concede a la Alcaldía un plazo de diez días para restablecer la legalidad y advierte de que, si no lo hace, acudirá a la vía contencioso-administrativa.

El requerimiento se presenta después de que se haya dado por concluida la actuación y abierto el nuevo espacio peatonal sin que, según las respuestas oficiales obtenidas a través del Portal de Transparencia y otros órganos municipales, exista ningún expediente, informe técnico, autorización o acuerdo que respalde el cierre definitivo al tráfico y el cambio o restricción de uso de un vial público. 

El concejal de IU, Keruin Martínez, ha señalado que «el Ayuntamiento ha consolidado un cambio permanente en una vía pública sin que exista un solo expediente que lo avale”, pese a que el propio Ayuntamiento confirmó hace meses, por escrito, la inexistencia de dichos procedimientos. “No hablamos de un trámite pendiente, sino de una actuación terminada que sigue sin respaldo administrativo obligado para actuaciones de esta envergadura», ha matizado el edil.

Martínez ha recordado que la ausencia de procedimiento no es una cuestión meramente administrativa. El cierre del vial ha obligado a modificar el recorrido de la línea 5C2 del TUS, eliminar paradas y dejar sin una alternativa razonable a numerosos vecinos de Santa Lucía, Río de la Pila, San Celedonio y Aguayos, entre otras calles, muchos de ellos personas mayores o que puedan presentardificultades de movilidad.

“Se ha cambiado la movilidad del centro de Santander sin planificación conocida, sin estudios de viabilidad previos, sin participación pública y sin los procedimientos que exige la normativa. No se puede reorganizar una parte esencial de la ciudad mediante hechos consumados y oscurantismo informativo”.

IU sostiene que las respuestas emitidas por los propios servicios municipales confirman que no existe ningún expediente relativo al cambio de uso del vial, a la eliminación de la calzada, a la restricción del tráfico rodado ni a la aprobación de un instrumento de planeamiento al efecto que permita esa transformación.

Además, la formación recuerda que el proyecto del proyecto Faro Santander mantenía el paso bajo el arco y el paso de peatones como elemento de conexión entre ambos lados del Paseo Pereda, por lo que el cierre definitivo al tráfico no figuraba entre las actuaciones aprobadas por el pleno municipal.

Para la formación, esta circunstancia plantea una pregunta que el Ayuntamiento sigue sin responder y que conviene aclarar: “¿Cómo una actuación promovida por una entidad privada, cuyo proyecto afectaba solo al edificio, ha terminado alterando un vial de titularidad municipal sin que conste el expediente administrativo que autorizó ese cambio?»

Quieren saber quién tomó esa decisión, cuándo se tomó y con qué respaldo administrativo, si es que hay alguno, porque en los servicios municipales competentes no consta expediente alguno.

El requerimiento presentado por IU sostiene que el vigente Plan General de Ordenación Urbana continúa calificando la calle Marcelino Sanz de Sautuola como viario público rodado y que una modificación de esa naturaleza requiere la correspondiente cobertura administrativa. A juicio de la formación, ejecutar esa transformación sin el procedimiento legalmente establecido constituye una vía de hecho.

“Las administraciones no pueden actuar al margen de sus propios procedimientos, y cualquier modificación permanente de vial debe tramitarse mediante los instrumentos previstos en la legislación urbanística y de tráfico, con informes, publicidad y garantías para toda la ciudadanía, y no por el capricho de un regidor o, en este casa, regidora”.

Por ese motivo, el concejal ha advertido de que, si la alcaldesa no atiende el requerimiento en el plazo de diez días, interpondrá un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa y solicitará las medidas cautelares que resulten necesarias para evitar que la situación se consolide definitivamente. “No permitiremos que nos roben la ciudad en nuestras narices, con nocturnidad y alevosía; nos eligieron para defender el bien común y a ello nos debemos”, ha recalcado el edil. 

La formación ha recordado que fue la primera en alertar públicamente del cambio de criterio sobre el arco del Banco Santander y en llevar la cuestión al Pleno municipal, ya en el mes de febrero. 

Fue tras aquellas primeras denuncias públicas cuando la alcaldesa reconoció que el cierre pasaría a ser definitivo. A partir de ese momento, IU inició un proceso de solicitudes de información y documentación, reuniones abiertas con vecinos y una campaña de recogida de firmas para trasladar a la ciudadanía la escasa información facilitada por el Ayuntamiento durante todo el proceso. 

La campaña ciudadana en defensa de la reapertura del arco supera ya las 3.341 firmas y continúa sumando el apoyo de vecinos, comerciantes, cooperativas de taxistas y usuarios afectados por una decisión que consideran perjudicial para la movilidad y para el transporte público del centro de Santander. «Más aún cuando hace poco más de un año el propio servicio municipal de Transportes respondió a una solicitud vecinal asegurando que, una vez finalizadas las obras, la línea 5C2 recuperaría su recorrido original y se reinstalarían las paradas suprimidas temporalmente», ha recordado Martínez. 

«Esto ya no consiste únicamente en decidir cómo debe ser un espacio urbano. Se trata de garantizar que las decisiones que afectan a toda la ciudad se adopten con transparencia, con respaldo legal y respetando los procedimientos que protegen el interés general», ha concluido Martínez, quien ha insistido en que el PP debe explicar “por qué ha cambiado la movilidad de una parte de la ciudad sin expedientes, sin informes y sin respetar el procedimiento administrativo, y a quién beneficia”.