La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha subrayado que la necesaria flexibilidad organizativa del sistema de protección a la infancia de la comunidad “no puede convertirse en una reducción de garantías, personal especializado o derechos laborales”.

El sindicato, que ha presentado alegaciones al proyecto de modificación de la orden que regula los requisitos materiales, funcionales y de calidad de los centros de servicios sociales de atención a la infancia y la adolescencia y de los centros de cumplimiento de medidas judiciales de Cantabria, ha advertido que “la propuesta introduce cambios en la organización de los centros, como la creación de hogares terapéuticos, el establecimiento de requisitos mínimos de personal mediante horas de atención en lugar de jornadas, la flexibilización de la prestación de servicios nocturnos y la posibilidad de desplazar temporalmente a profesionales entre diferentes recursos de una misma entidad”.

Estas decisiones, cuyo objetivo es, a juicio de Pilar Sánchez, secretaria de Políticas Sociales de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, “la extrema flexibilización del mercado de trabajo en el sector”, pasan por alto los acuerdos adoptados en convenio colectivo en cuanto a jornadas laborales, categorías profesionales, salarios, y funciones, por lo que “deben analizarse desde la premisa fundamental de que la infancia y adolescencia atendida por el sistema de protección es especialmente vulnerable y necesita recursos suficientes, equipos profesionales estables y una atención educativa y terapéutica continuada”.

Uno de los principales cambios previstos consiste en establecer los requisitos mínimos de personal mediante un número determinado de horas de atención profesional, “una medida que no garantiza equipos estables ni la calidad de la atención, por lo que exigimos que el nuevo sistema no pueda utilizarse para fragmentar jornadas, reducir plantillas estructurales o aumentar la contratación parcial y temporal”, ha subrayado Sánchez.

En cuanto a la modificación relativa a la prestación de servicios en horario nocturno, Sánchez ha reclamado que “su flexibilización debe respetar las categorías profesionales recogidas en el convenio”.

Por otro lado, el sindicato ha recordado, ante la posibilidad de sustituir la prestación de servicios de vigilancia de seguridad por personal de control educativo, que “los perfiles profesionales no son automáticamente intercambiables y cualquier decisión sobre la necesidad de personal de seguridad debe basarse en una evaluación de los riesgos”.

La modificación propuesta también prevé movilidad entre centros en determinadas circunstancias, una medida que, para Sánchez, puede afectar directamente a la continuidad educativa y a la estabilidad de los equipos y que, ante todo, tiene que ser excepcional y no una forma de cubrir plantillas insuficientes”.

Además, el sindicato ha mostrado su preocupación por la pretensión de sustituir al personal formado que ha sostenido el sistema durante todos estos años por profesionales con alguna titulación concreta, lo que “provocará desestabilización en los centros y personal con amplia experiencia despedido, por lo que proponemos la adopción de medidas económicas y de conciliación para facilitar la adquisición de dichas habilitaciones, además de ampliar los plazos para adquirir la habilitación”.

Sobre la creación de hogares terapéuticos para niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental y dificultades emocionales o conductuales, Sánchez ha apuntado que es “imprescindible que vaya acompañada de una dotación suficiente de profesionales y de una intervención verdaderamente interdisciplinar”.