La Asamblea Ciudadana Santander Saludable (ACSS) ha hecho público este viernes un comunicado en el que acusa al equipo de gobierno municipal, liderado por el PP con mayoría absoluta, de no haber incluido en el procedimiento contencioso-administrativo contra la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) una serie de informes que considera imprescindibles para sustentar jurídica y técnicamente la norma.
Según denuncia el colectivo, entre la documentación faltante figura el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Santander, un requisito legal previo e ineludible para poder implantar cualquier ZBE. Tampoco se ha presentado ante el juzgado prueba fehaciente de que dicha planificación cumpla con los estándares que exige la legislación vigente.
La ACSS incide en que esta omisión es especialmente grave, ya que la ZBE debe formar parte de una estrategia global de movilidad encaminada a reducir de manera efectiva el tráfico y las emisiones contaminantes.
Además, la Asamblea sostiene que el Ayuntamiento tampoco ha aportado los datos concretos que utilizó para diseñar el perímetro de la ZBE y justificar su implantación. Este vacío adquiere más relevancia si se tiene en cuenta que el Consistorio destinó 1,8 millones de euros –la mayor parte procedentes de fondos europeos– a desplegar una red municipal de estaciones y sensores para medir la calidad del aire, los niveles de ruido y el volumen de vehículos.
En concreto, se trata de diez estaciones de medición atmosférica y cuarenta sensores acústicos, todos ellos integrados en el sistema desarrollado para la ZBE. Sin embargo, la ACSS critica que ni esos registros ni los datos de aforo de tráfico empleados para elaborar el proyecto hayan sido facilitados al juzgado ni se hayan hecho públicos de manera accesible para la ciudadanía.
El colectivo se pregunta abiertamente: «¿Con qué datos se decidió dónde colocar la ZBE? ¿Qué niveles de contaminación se registraban en cada zona? ¿Qué tráfico soportaban las calles de Santander? ¿Qué reducción de contaminación se esperaba conseguir?». Y añade que «no basta con instalar sensores», sino que es obligatorio «publicar sus datos».
La Asamblea vincula esta carencia con uno de los pilares de su recurso judicial: «la falta de transparencia y de acceso a la información ambiental». Al hilo, cuestiona que una ZBE que apenas ocupa 0,2 kilómetros cuadrados, lo que supone cerca del 0,6% del total del término municipal, pueda tener un impacto real y significativo en la mejora de la calidad del aire de la ciudad.
Para la ACSS, la documentación «insuficiente» remitida al procedimiento no hace sino «reforzar las dudas» que ya motivaron la interposición del contencioso, en el que se pone en tela de juicio la planificación, la efectividad, la transparencia y la capacidad real de la actual ZBE para cumplir con los objetivos de reducción de la contaminación y salvaguarda de la salud pública.
Por todo ello, la Asamblea exige al Ayuntamiento que haga públicos todos los datos ambientales y de movilidad de los que dispone, y que Santander cuente con «una verdadera política de movilidad sostenible, basada en datos objetivos, transparencia y evaluación de resultados».
Finalmente, el colectivo rebate las declaraciones de la alcaldesa, Gema Igual, y afirman que Santander «es una ciudad contaminada, sometida a un intenso tráfico», cuyos efectos perjudican al conjunto de la población y, de manera especial, a los sectores más vulnerables, al contrario de lo que comunica la regidora.
