Aunque el Juzgado ha dictado que se reabra al tránsito de autobuses, taxis, residentes, vehículos de emergencia y reparto el paso bajo el arco del Edificio del Banco Santander, el Consistorio santanderino ha decidido mantener el corte hasta el próximo 20 de septiembre.

La excusa oficial, muy vaga para defenderse, pero es con la que solicitarán al Juzgado que levante las medidas cautelares: Argumentan las necesidades logísticas y de montaje derivadas de la puesta en marcha del nuevo complejo bancario, que incluyen actos oficiales y actividades abiertas al público.

La decisión, anunciada este jueves por el equipo de gobierno del PP, choca frontalmente con el auto judicial, que no solo ordena la apertura provisional, sino que también exige instalar la señalización correspondiente. Sin embargo, el Ayuntamiento ya ha adelantado que, de forma paralela a este cierre forzado por motivos organizativos, tramitará un expediente complementario para intentar convencer al juez de que levante las medidas cautelares.

Ese expediente, que incorporará informes de distintos servicios municipales, pretende dar cobertura administrativa a la configuración actual del vial como espacio de uso restringido y prioridad peatonal.

Lo que el comunicado municipal no aclara es qué ocurrirá a partir del 21 de septiembre. Todo apunta a que el PP no tiene intención de restaurar la circulación en los términos que marca el juzgado, sino que confía en que el nuevo expediente sirva para validar el cierre permanente o semicerrado que ya ejecutó.

De hecho, el proyecto modificado que el Gobierno local esgrime como aval fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 12 de agosto, es decir, unos seis meses después de que Izquierda Unida denunciara públicamente el cierre del paso bajo el Arco.

Esa cronología refuerza las sospechas de que el Ayuntamiento ha ido «legalizando a posteriori» una actuación ya consumada, hechos que el Juzgado ha dado por suficientemente probados al autorizar las medidas cautelares.

El Ayuntamiento se defiende: «No se ha privatizado nada y no afecta a nadie»

El edil de Fomento, Agustín Navarro, reiteró los argumentos ya conocidos: que el vial no se ha privatizado, que sigue siendo dominio público, que solo se restringe el acceso a vehículos no autorizados y que no hay residentes afectados directamente en el tramo bajo el arco. También insistió en que el auto judicial se limita a las medidas cautelares y no prejuzga el fondo del recurso de IU, que sigue pendiente de resolución.

Aunque la realidad desmonta la versión del Consistorio, de la Alcaldesa y del Concejal de Fomento. De hecho, el recorrido de la Línea 5C2, que se vio alterado durante los 5 Años de las Obras, no ha vuelto al original y las 2 Paradas existentes en la Calle Marcelino Sanz de Sautuola (Calle Martillo) han sido retiradas definitivamente, lo que perjudica a los vecinos y residentes directamente.

Incógnita a futuro: Solo queda esperar a los acontecimientos

Pero el gesto político es claro: el Ayuntamiento acata formalmente la orden judicial, pero la incumple de facto durante casi tres semanas más, amparándose en una excusa logística, mientras negocia por la vía administrativa para que el juez termine dando la razón a su modelo de ciudad.

La incógnita, para vecinos, usuarios del autobús 5C2 y comerciantes de la zona, es si el 21 de septiembre volverán a circular con normalidad bajo el arco o si el Consistorio logrará que el tribunal valide su interpretación restringida del espacio público.

Por ahora, solo queda esperar a que se haga justicia o a que se autorice, de nuevo, a posteriori, como ha ocurrido en anteriores ocasiones. Por ejemplo, El Corte Inglés (Centro Comercial Bahía de Santander) se construyó irregularmente. La Justicia llegó justo antes de su apertura hace casi 30 Años, pero ya era tarde, así que se mantuvo y cambió para siempre la zona de Nueva Montaña. El resto, es historia: La Zona se ha expandido y nada tiene que ver con el pequeño Barrio que era hasta finales de los 90.