El fondo de inversión (o mejor dicho, Buitre, porque ya Vivienda es un bien de Mercado antes que un derecho, como decía Ábalos en 2021) Mosaic Propco, propietario desde 2025 de las 107 viviendas de alquiler asequible situadas en la calle Hermanos Calderón de Peñacastillo, ha modificado la titularidad del contrato del servicio de agua de los tres bloques, apareciendo ahora como pagador.

Este cambio, aparentemente administrativo, ha tenido una consecuencia directa para los inquilinos: han perdido la bonificación en el consumo de agua de la que disfrutaban hasta ahora, bien por ser familia numerosa, bien por ser colectivos vulnerables con bajos recursos, entre otras bonificaciones de las que dispone la empresa Aqualia, que gestiona el servicio municipal de aguas de Santander al encontrarse externalizado, es decir, es un servicio público, pero está privatizado.

Este hecho ha sido denunciado por la Plataforma de Afectados Alquileres Caixa / Mosaic Peñacastillo Santander, en una noticia que ha publicado El Diario en su web y que este medio ha podido confirmar en las redes sociales de la Plataforma.

Vivienda de Alquiler Social que acaba en manos de un Fondo Buitre

La historia de este conflicto se remonta a la construcción de estas viviendas entre 2011 y 2015 por parte de la Obra Social de Fundación La Caixa a través de su inmobiliaria InmoCaixa. El Ayuntamiento de Santander participó activamente en el proceso, redactando el reglamento, organizando la selección de personas candidatas al sorteo y adjudicando las viviendas a las familias.

Se trataba de una promoción de «alquiler asequible» para personas con bajos recursos, presentada como una oportunidad de vivienda social, en unos tiempos en los que el pago mensual de alquiler, incluyendo comunidad, rondaba los 400 euros. Con gastos como electricidad, gas, agua y otros varios, el coste mensual rondaba los 500-600 euros máximo.

Sin embargo, en Octubre de 2025, los inquilinos recibieron la notificación de que todos los inmuebles habían sido vendidos en lote al fondo Mosaic Propco, una sociedad vinculada a una estructura inversora radicada en Luxemburgo. El fondo ha manifestado su intención de vender las viviendas conforme concluyan los contratos de arrendamiento, la mayoría de los cuales vencen en 2027.

Inquilinos en situación de «total indefensión»

La situación ha generado una creciente alarma social. Los afectados han denunciado una situación de «total indefensión», con llamadas y visitas recurrentes por parte de la empresa Imass, contratada por el fondo para gestionar los activos. Algunos inquilinos han recibido comunicaciones informales de no renovación y ofertas de compensaciones económicas para abandonar sus viviendas antes de tiempo.

De hecho, ya hay pisos en el mercado con el inquilino dentro y contrato hasta 2029, como informamos hace 1 mes. Se trata de tácticas llevadas a cabo por el fondo buitre para que las inquilinas e inquilinos acaben abandonando las viviendas lo antes posible.

Los vecinos y vecinas han solicitado reiteradamente la mediación del Ayuntamiento, pidiendo que adquiera los edificios para incorporarlos al parque público de vivienda protegida. «Ahora no os podéis quedar quietos y no apoyarnos, Gema», escribió una inquilina a la alcaldesa, a quien llegaron a preguntar en el Pleno municipal, siendo despachados por ella en menos de 1 minuto.

Reunión con el Ayuntamiento: un encuentro sin avances

Finalmente, hace escasas semanas, la alcaldesa Gema Igual (PP) se reunió con algunos de los inquilinos. Sin embargo, el encuentro no supuso un avance significativo para las familias. Durante la reunión, la regidora descartó la compra de las viviendas por parte del Consistorio, alegando falta de recursos. Igual explicó que el Ayuntamiento «no tenía ningún convenio para poder tener esas viviendas en alquiler», ya que eran propiedad de la entidad financiera.

Según la alcaldesa, se trata de la «finalización de un contrato entre dos partes» privadas, y el nuevo propietario tiene la opción «de continuar con los alquileres o de no continuar» con ellos, que es lo que ha decidido el fondo buitre, a pesar de que La Caixa sí optó por renovar contratos para algunos inquilinos la primera tanda (2013-2020), en tiempos donde el mercado era más asequible.

Y aunque esto es cierto lo que argumenta la regidora, dado que el contrato de alquiler social firmado contempla hasta 7 años de alquiler, sin opción de renovación, sin descuento alguno por dichos años de pago y planteando como única salida abandonar la vivienda o adquirirla a precio de mercado, esto último era una posibilidad cuando se firmaron los contratos pero no lo es ahora, ante la especulación y los elevados precios de este derecho que, sin embargo, es un claro «bien de mercado» especulativo y para nada protegido.

Los vecinos y las vecinas, que llevaban meses solicitando una reunión (desde marzo), se marcharon del encuentro sin una solución concreta. La postura municipal se ha limitado a «medir y valorar qué tipo de ayuda o colaboración» puede ofrecer el Consistorio, siempre «dentro de la ley», y a recabar documentación de las personas afectadas «para conocer el marco legal».

Podemos denuncia el caso ante el Consejo de Transparencia

Paralelamente, Podemos Cantabria ha denunciado la falta de transparencia del Ayuntamiento en relación con estas viviendas. La formación registró el pasado 5 de mayo una solicitud de acceso a información pública para conocer los convenios, acuerdos, expedientes administrativos, informes técnicos y jurídicos existentes entre el Ayuntamiento y la Obra Social «la Caixa».

Al no recibir respuesta dentro del plazo legal, Podemos presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Ayuntamiento acabó remitiendo un convenio de colaboración en 2016, a pesar de que el primer bloque de viviendas se entregó en 2013, por lo que Podemos considera que la respuesta no satisface la solicitud formulada.

El principal problema es que el convenio está firmado el 25 de enero de 2016, cuando la primera promoción de 70 viviendas ya había sido construida, adjudicada y ocupada desde 2013, con un convenio que el propio Ayuntamiento indicaba que ya existía en 2011.

«La documentación recibida demuestra precisamente que falta documentación. El Ayuntamiento nos entrega un convenio firmado en 2016 para unas viviendas cuya construcción fue presentada públicamente en 2011 y cuyas primeras llaves se entregaron en 2013. Es evidente que ese no puede ser el documento que dio origen al proyecto».

Pablo Gómez, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Cantabria.

La formación recuerda que el entonces alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, presentó públicamente estas promociones como parte de la política municipal de vivienda asequible impulsada en colaboración con la Obra Social «la Caixa».

En la propia revista municipal de septiembre de 2011, que continúa disponible en la web del Ayuntamiento, se afirmaba que «el Ayuntamiento de Santander gestiona importantes acuerdos de colaboración con promotores inmobiliarios en la ciudad, para que sus viviendas de precio asequible se sorteen entre los santanderinos. Tal es el caso de la Obra Social de La Caixa…», un texto que invita a pensar en la existencia de un acuerdo y/o convenio que no ha sido entregado hasta la fecha.

«Es el propio Ayuntamiento quien reconocía públicamente que existían acuerdos de colaboración con la Obra Social ‘la Caixa’. Precisamente esos acuerdos son los que hemos solicitado y los que seguimos sin conocer»

Por este motivo, Podemos ha anunciado que ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia para exigir la documentación completa desde el inicio del proyecto.

El caso de Hermanos Calderón se ha convertido así en un símbolo de las contradicciones de las políticas de vivienda: una promoción pública de alquiler asequible, construida con colaboración institucional, que acaba en manos de un fondo buitre con fines especulativos, dejando a sus inquilinos en una situación de gran vulnerabilidad.

No se trata de un hecho aislado, ya que en la misma zona existen casos similares con otras promociones de vivienda pública, pero cuya constructora, promotora y titular es privado.

La reciente pérdida de la bonificación del agua y la opacidad sobre los convenios originales son solo los últimos episodios de un conflicto que pone de manifiesto la falta de mecanismos para proteger la vivienda social de la lógica absurda del mercado financiero, que no entiende de personas, vulnerabilidades ni humanidad, solo entienden el significado del dinero y el beneficio especulativo.