El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha invitado a toda la ciudadanía a la concentración y cena popular por el derecho a la vivienda que tendrá lugar este martes 29 en la plaza del Ayuntamiento de Santander desde las 17:00 hasta las 23:00 horas.

El objetivo del encuentro es hacer una concentración de protesta “contra el negocio de la vivienda”, celebrar una asamblea abierta a la ciudadanía y compartir una cena popular.

El sindicato se suma así a la oleada de movilizaciones que los sindicatos de vivienda y de inquilinas de todo el Estado están organizando tras el desahucio de Maricarmen en Madrid.

A la concentración de protesta sucederá una asamblea abierta para “seguir organizando colectivamente una respuesta frente al negocio de la vivienda”.

“Nos sumamos al sentir popular, a la rabia que está generando un caso tan doloroso como el de Maricarmen, pero lo hacemos continuando la senda que iniciamos en enero de este año: mirando hacia Cantabria, el territorio que habitamos y que necesita con urgencia que nos organicemos”

Además, el sindicato propone terminar el encuentro con una cena popular en la misma plaza, y anima a los vecinos a acudir con sus sillas y comida para compartir “porque creemos que, frente al sangrante contexto de turistificación, gentrificación y violencia rentista, es esencial que recuperemos los espacios públicos para encontrarnos, convivir y organizarnos en común para cuidar la vecindad”, han explicado este Lunes en un comunicado.

El sindicato cántabro acaba de presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) por la protección frente a la especulación con el suelo de Cantabria y prevé “una larga campaña de sensibilización contra la presencia de fondos buitre” y de recogida de firmas.

“Queremos reunirnos con nuestras vecinas para poner en común los conflictos múltiples y diversos que acarreamos en torno a la vivienda, y queremos articular la organización comunitaria para crear juntas alternativas”

Con la convocatoria de este encuentro de seis horas en el centro de la ciudad, pretenden seguir mostrando su rechazo “a las políticas públicas que fomentan y protegen la libertad para hacer negocio a costa de la vulneración sistemática del derecho a la vivienda”.