“El Ayuntamiento no puede sustituir la medida que ha ordenado el juez por la que al PP le gustaría aplicar”. Así ha respondido el concejal de Izquierda Unida (IU) de Santander, Keruin Martínez, al anuncio municipal de mantener hasta el 20 de septiembre la actual regulación del tráfico bajo el arco del Banco Santander y tramitar entretanto un nuevo expediente para restringir posteriormente el paso a vehículos de emergencia.

Martínez ha recordado que el auto judicial ordena expresamente permitir el paso de la línea 5C2 del TUS, taxis, residentes, vehículos sanitarios y de reparto de mercancías. “No hay ninguna ambigüedad. El juez lo enumera uno por uno y la respuesta del PP es anunciar que mantendrá la situación actual hasta el día 20 y que tramitará un expediente para dejar pasar únicamente a emergencias”, ha denunciado.

“Una cosa es disponer del tiempo material imprescindible para colocar la señalización y otra mantener durante más de dos semanas una situación que el juez acaba de ordenar modificar. No hay que ejecutar ninguna obra: la propia documentación municipal dice que la plataforma permite el paso de vehículos”.

IU considera que el Ayuntamiento tampoco puede fijarse unilateralmente esa fecha. Según los servicios jurídicos de la formación, el artículo 134.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece el “inmediato cumplimiento” de las medidas cautelares una vez comunicadas a la Administración, sin el plazo de dos meses previsto para el cumplimiento voluntario de las sentencias. 

Por este motivo, IU ha requerido formalmente al Ayuntamiento el cumplimiento inmediato del auto y le ha dado un plazo máximo de tres días naturales. Si transcurre sin que se haya acreditado la reapertura, la formación instará ante el juzgado la ejecución forzosa de la medida cautelar. 

“El Ayuntamiento ya conoce la resolución y ahora conoce también nuestro requerimiento. Tiene tres días para cumplir. Si no lo hace, volveremos al juzgado para exigir la ejecución forzosa de la cautelar”.

Martínez ha rechazado además que el nuevo expediente anunciado por el PP permita mantener entretanto la situación actual. “Primero tienen que cumplir la resolución; después pueden tramitar lo que consideren y pedir al juez que modifique la medida. Un expediente municipal no suspende una orden judicial”, ha manifestado.

El requerimiento advierte de que, si persiste el incumplimiento, IU solicitará multas coercitivas personales a las autoridades o funcionarios responsables y la deducción de testimonio por una posible desobediencia. 

“Si el PP decide enfrentarse a una orden judicial, las consecuencias no pueden convertirse en otra factura para Santander. No estamos hablando de un error administrativo inevitable, sino de una decisión anunciada públicamente después de conocer el auto”.

“No puede ser que las torpezas y chapuzas de Gema Igual y su equipo de Gobierno las sigamos pagando todos los santanderinos. Si persisten en incumplir la resolución, pediremos que se depuren las responsabilidades de quienes hayan tomado esa decisión y que las consecuencias no vuelvan a cargarse sobre las arcas municipales”, ha advertido.

“SIGUEN MOVIENDO LA PORTERÍA PARA NO EXPLICAR QUÉ AUTORIZACIÓN TENÍAN”

Para IU, la respuesta municipal supone un nuevo intento de “mover la portería” después de que el juzgado haya apreciado, a efectos cautelares, una vía de hecho. “El PP lleva meses respondiendo a preguntas que nadie le está haciendo. Nadie está discutiendo si el vial sigue siendo público o si los vecinos pueden dar la vuelta por otra calle. Estamos preguntando qué decisión administrativa permitía hacer lo que hicieron en el momento en que lo hicieron. Y ante el juez tampoco han podido acreditarla”, ha recalcado Martínez.

El auto señala, a efectos cautelares, que cuando se produjo materialmente el cambio “no existía resolución administrativa alguna” que permitiera modificar el uso de la zona y que existía una “falta de cobertura”. También destaca que la resolución posterior fue adoptada cuando la situación ya estaba consumada.

“Primero defendieron ante el juzgado que la situación actual ya tenía cobertura. El juez no acepta ese argumento a efectos cautelares y ahora anuncian otro expediente para autorizar el régimen que decían que ya estaba amparado. Pueden hacer diez informes más, pero ninguno puede convertir en previa una autorización que llegó después”.

“Todo esto no es más que el juego de trileros habitual de Gema Igual y los suyos, con el que pretenden engañar nuevamente a la ciudadanía. Estamos hablando de un auto judicial muy claro, no de una valoración particular de Izquierda Unida”, ha insistido.

EL TUS 5C2 ESTÁ INCLUIDO EXPRESAMENTE EN LA CAUTELAR

Martínez ha incidido especialmente en la línea 5C2. “El Ayuntamiento vuelve a decir que lleva desviada desde 2021. Claro que lleva desviada desde 2021: el recorrido se modificó con motivo de las obras. Lo que tenían que explicar era por qué, una vez terminadas, esa modificación iba a mantenerse”, ha señalado.

El propio auto responde a este argumento: si fue necesaria una decisión para modificar temporalmente el recorrido por las obras, “igual de necesaria era la decisión para la continuación de este cambio tras la finalización de las mismas”, una decisión administrativa formal que “no consta que exista”.

IU ha recordado además que aportó al juzgado documentación en la que el propio servicio del TUS confirmó a los vecinos que, una vez finalizadas las obras, se restablecerían las paradas y el recorrido original.

“El juez acaba de ordenar expresamente que la 5C2 pueda volver a pasar bajo el arco y el Ayuntamiento anuncia que mantendrá la situación actual hasta el día 20 y que el régimen que pretende autorizar después tampoco contempla el paso del autobús”.

“Si el PP discrepa del auto, tiene los mecanismos legales para defender su posición ante el juzgado. Lo que no puede hacer es mover continuamente la portería: primero eran las obras, después los informes, ahora un expediente complementario y, mientras tanto, los vecinos siguen sin recuperar su autobús. La pregunta sigue siendo muy sencilla, y siguen evitando responderla: ¿qué autorización tenían cuando actuaron y cuándo van a cumplir la resolución que está vigente ahora?”, ha concluido.