Ante las declaraciones realizadas por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en respuesta a la campaña “Hay una carta para ti”, la Plataforma de Afectados por las Viviendas de Hermanos Calderón desea realizar algunas aclaraciones desde una voluntad constructiva y de colaboración institucional.

En primer lugar, quieren recordar que la posibilidad de intervención pública en la compraventa de estas viviendas no era una opción jurídicamente descartada.

El propio reglamento de adjudicación de las promociones de vivienda asequible de la Obra Social de La Caixa contemplaba expresamente posibles derechos de opción y retracto de las administraciones públicas.

El precedente de Málaga, también con un Gobierno del PP

De hecho, el Ayuntamiento de Málaga, también gobernado por el Partido Popular, ejercitó el derecho de tanteo sobre otra promoción de InmoCaixa, adquiriendo 78 viviendas e incorporándolas a su parque público municipal.

Una actuación semejante, de haberse articulado en Santander cuando se produjo la transmisión de las viviendas, habría permitido estudiar su adquisición a un coste considerablemente inferior al actual y preservar su finalidad social.

En segundo lugar, respecto al coste económico de una posible adquisición, entienden que se trata de una cuestión presupuestaria y de prioridades municipales, pero no de una imposibilidad jurídica.

Los propios estatutos de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander contemplan expresamente entre sus facultades la adquisición de bienes inmuebles.

Además, no debe olvidarse que la Consejería de Vivienda del Gobierno de Cantabria también dispone de instrumentos para participar o colaborar en una operación de estas características, por lo que solicitan a ambas administraciones que exploren conjuntamente las fórmulas de financiación y adquisición que permitan superar las posibles limitaciones presupuestarias.

En cualquier caso, no están hablando de un gasto sin retorno patrimonial, sino de una inversión que incorporaría cerca de un centenar de viviendas al parque público, al tiempo que permitiría ofrecer una solución habitacional a cerca de un centenar de familias.

Subrogación de los Contratos en caso de adquirir las Viviendas

Finalmente, tampoco comparten que garantizar la continuidad de los actuales residentes constituya una adjudicación ilegal. En caso de adquisición, el nuevo propietario se subrogaría en los contratos de arrendamiento vigentes conforme a la legislación aplicable.

Y, conforme estos fueran venciendo, podrían articularse los mecanismos legales de renovación o continuidad residencial, respetando los requisitos y procedimientos correspondientes.

No debe olvidarse que estas familias accedieron en su momento a las viviendas mediante un procedimiento reglado, acreditando los requisitos económicos y sociales exigidos para una promoción de alquiler asequible.

Preservar la finalidad social que jamás debió perderse

No están solicitando una adjudicación arbitraria ni un privilegio, sino preservar la finalidad social de unas viviendas que nunca debieron perderla.

Por todo ello, solicitan una reunión con la alcaldesa de Santander y apelan igualmente a la Consejería de Vivienda del Gobierno de Cantabria para que ambas administraciones abran una vía de colaboración y estudien de manera efectiva las distintas fórmulas de adquisición y continuidad residencial.

La voluntad de las personas afectadas es encontrar una solución conjunta que permita a estas familias permanecer en sus hogares.