El secretario general del PRC en Santander y portavoz del Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al equipo de gobierno para exigir el «reembolso inmediato» de las tasas a los 1.295 opositores afectados por la suspensión, el pasado mes de enero, del primer examen para la provisión de diez plazas de auxiliar administrativo.
En un comunicado, Piña ha recordado que esta «drástica medida» se tomó a «escasos días» de la celebración de la prueba tras notificarse una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que declaró caducado el proceso selectivo original, un «revés judicial» provocado por el propio Consistorio al sobrepasar el plazo legal de tres años establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Para el regionalista, este episodio representa una nueva muestra de la «incompetencia, ineficacia e inoperancia» con la que el Partido Popular dirige el departamento de Recursos Humanos municipal.
Así, ha lamentado esta «parálisis administrativa» frustrase «de golpe» las expectativas de más de un millar de aspirantes después de «años de estudio y preparación», a lo que se suma el perjuicio económico del desembolso de las tasas públicas por los derechos de examen.
A pesar de que la Concejalía de Recursos Humanos aseguró en su momento que se habilitaría a la mayor brevedad un procedimiento de devolución del dinero abonado, han transcurrido ya «más de siete meses» sin que los afectados hayan percibido el reembolso ni dispongan de una «vía clara y ágil para tramitarlo de forma sencilla».
Piña ha advertido de que este caos «no es un hecho aislado», sino que se suma a los constantes «tropiezos, retrasos y polémicas estructurales» en otros procesos y ofertas de empleo de la administración local que evidencia una gestión de personal «completamente errática».
Ante esta situación, desde el Grupo Municipal Regionalista preguntarán al responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento por la «fecha exacta» en la que se va a proceder a la «devolución efectiva» de los derechos de examen a todos los damnificados.
En este sentido, Piña le ha urgido a explicar detalladamente cuáles son los «motivos técnicos o políticos» por los que, tras más de medio año desde la suspensión del proceso, la administración local todavía no ha devuelto de oficio estas tasas a los opositores que «cumplieron rigurosamente con el pago en su inscripción».
Además, ha instado al Consistorio a aclarar si se va a articular un procedimiento automatizado que permita ejecutar la devolución de oficio utilizando de forma directa los datos bancarios y de registro de las solicitudes originales, evitando así sumar más trabas burocráticas a los ciudadanos.
Finalmente, Felipe Piña también ha exigido al equipo de gobierno de Igual que determine qué va a suceder con las diez plazas de auxiliar administrativo cuya convocatoria fue fulminada por la justicia debido a la deficiente gestión de los plazos municipales y cuándo van a convocarse de nuevo esas plazas.
