La Federación Cántabra del Taxi ha alzado la voz para denunciar la situación que atraviesa el sector, al que describen como «asfixiado» por el encarecimiento de los carburantes y «abandonado» por el Gobierno regional, en manos del PP. Según el colectivo, las reuniones del comité de crisis convocado a raíz de la guerra de Irán no han servido de nada: no han recibido «ninguna de las ayudas planteadas».
Así lo ha confirmado a Europa Press el presidente de la Federación, Manu Andoni Ruiz, quien sostiene que desde la constitución de dicho órgano el pasado 16 de marzo —encuentro en el que participó el sector— y una segunda cita celebrada el día 30 de ese mismo mes, las medidas propuestas siguen sin materializarse.
Las demandas del sector, olvidadas encima de la mesa
Entre las principales peticiones que la federación trasladó al Ejecutivo autonómico destacaba una reducción del IVA de los combustibles al 11% durante un periodo de tres meses. En aquella primera reunión, el colectivo insistió además en extender esa rebaja a los vehículos eléctricos y en la necesidad de articular ayudas para la adquisición de automóviles ecológicos que permitan reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Igualmente, se planteó la posibilidad de revisar las tarifas de forma anticipada en caso de que los costes siguieran escalando y, como medidas complementarias, se propuso eximir al sector del pago de las tasas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y del visado de la tarjeta de transporte.
Ruiz explica que preguntó entonces a la Dirección de Transportes si estas subvenciones estaban contempladas en los presupuestos —donde, según apunta, existe una partida de 80.000 euros destinada a adaptar taxis para personas con movilidad reducida—. En el segundo encuentro, reiteró estas propuestas y las remitió por escrito a Sodercan. El presidente de esta empresa pública y consejero de Industria, Eduardo Arasti, se comprometió a que en reuniones posteriores el comité se dividiría en mesas de coordinación por sectores, una promesa que, según denuncia Ruiz, nunca llegó a cumplirse.
Diecinueve alegaciones al Reglamento Municipal
Paralelamente, la Federación Cántabra del Taxi ha presentado un total de 19 alegaciones al reglamento municipal de Santander, un documento que consideran «muy rácano», que «no concreta nada» sobre las demandas del sector y que «deja en el aire» los puntos más importantes. El colectivo critica que el Ayuntamiento haya tardado «más de dos años» en elaborar el texto.
Ruiz señala que sigue pendiente de que el consejero de Fomento del Gobierno regional, Roberto Media, «cumpla su promesa» de limitar el número de licencias municipales en función de la población, una cuestión que dijo que abordaría mediante la modificación de la Ley de Transporte de Viajeros por Carretera.
Una de las alegaciones se dirige precisamente contra el artículo del reglamento de la capital cántabra que prevé una nueva licencia por cada 750 habitantes censados. Los taxistas consideran que ese criterio debe suprimirse, ya que el incremento «no puede convertirse en una consecuencia prácticamente automática de una variación demográfica». El artículo en cuestión exige acreditar la necesidad y conveniencia del servicio atendiendo a «la oferta existente, las necesidades reales, la repercusión sobre el transporte y la circulación y la suficiencia económica» del mismo, según las alegaciones consultadas por Europa Press.
Los taxistas recuerdan que está pendiente la regulación regional con la publicación, en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos regionales, de los ratios para el otorgamiento de nuevas licencias. Por ello, consideran «improcedente que una norma municipal anticipe ahora un parámetro rígido propio que pueda quedar inmediatamente desplazado o entrar en contradicción con la norma autonómica».
El resto de alegaciones abordan cuestiones como la falta de regulación de las condiciones de adjudicación de las licencias temporales, el artículo relativo a las licencias extinguidas o el que regula la obligación general de disponer de sistemas automáticos de pago y facturación, además de la exclusión de los asientos auxiliares o plegables instalados en la zona destinada a maletero, de modo que no se permitirán los transportines en esa parte del vehículo.
También se cuestionan los artículos que regulan la antigüedad del vehículo para su incorporación inicial al servicio, la necesidad de llevar extintor de incendios, la publicidad interior y la admisión de soportes no digitales o audiovisuales dentro del vehículo, la renovación del permiso municipal junto con el permiso de conducción o la inclusión expresa del autónomo colaborador en todos los artículos referidos a conductores asalariados.
Las últimas alegaciones versan sobre la incorporación de un régimen de excedencia o suspensión temporal de la licencia, la regulación de la misma o autorización provisional, la «incongruencia» del anticipo para recorridos superiores a 30 kilómetros dentro del municipio, la incorporación de la tarifa concertada o precio cerrado mediante sistema automático de gestión, la simplificación y digitalización de la documentación obligatoria, la corrección del artículo sobre el indicador de libre o la determinación «inequívoca» de la anchura de la franja azul, además de la publicidad institucional obligatoria.
