El Comité de Empresa del personal laboral del Gobierno de Cantabria, con los Sindicatos CSIF, UGT y TÚ (Trabajadores Unidos) ha iniciado esta mañana un encierro de protesta en la sede del Ejecutivo autonómico en Peña Herbosa para exigir el desbloqueo de la negociación del IX Convenio Colectivo, un acuerdo que no se actualiza desde hace más de 16 años y que afecta a más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración General.
La representación de los trabajadores, que agrupa a alrededor de 2.000 empleados, reclama un calendario de negociación, financiación suficiente y respuestas concretas a sus propuestas.
La protesta se produce después de que, según el Comité, la negociación quedara paralizada tras la última reunión celebrada el pasado 18 de junio. Los representantes de los trabajadores niegan que existiera un acuerdo para realizar un “parón veraniego” y aseguran que durante estos meses no recibieron una nueva convocatoria, propuestas ni respuesta a sus reivindicaciones.
La situación ha cambiado este mismo lunes, después de iniciarse el encierro cuando la Consejería de Presidencia ha convocado una reunión de la Comisión Negociadora para el próximo jueves 10 de septiembre a las 16:30 horas y ha defendido públicamente que no existe ningún bloqueo en la negociación.
Sin embargo, miembros del comité allí encerrados afirman que la convocatoria llega precisamente como consecuencia de la movilización. “Difícilmente puede utilizarse ahora como prueba de una normalidad negociadora que no ha existido durante estos meses”, sostiene la representación sindical.
Un convenio que lleva 16 años sin actualizarse
El IX Convenio Colectivo pretende sustituir al actual acuerdo del personal laboral, que lleva 16 años sin actualizarse. El conflicto afecta a trabajadores de distintas categorías y servicios de la Administración autonómica. Entre sus reivindicaciones, el Comité reclama una partida presupuestaria suficiente para afrontar el nuevo convenio y denuncia que las mejoras económicas planteadas hasta ahora resultan insuficientes.
Como ejemplo de la situación salarial, representantes de los trabajadores sitúan en torno a 1.290 euros brutos mensuales el salario de una empleada de servicios o subalterna en Educación, apenas por encima de los 1.221 euros mensuales del SMI en 2026, cuyo mínimo anual está fijado en 17.094 euros. La distancia entre ambos salarios se ha reducido de forma significativa en los últimos años.
En 2021, cuando se actualizaron las tablas del VIII Convenio, una empleada de servicios tenía fijadas unas retribuciones de 15.913,52 euros brutos anuales en 14 pagas, mientras que el SMI de ese año era de 13.510 euros anuales en cómputo de 14 pagas.
Mientras el SMI ha aumentado un 26,5% desde 2021, las retribuciones de estas categorías lo han hecho en torno a un 14%, según las tablas salariales. La evolución refleja cómo se ha ido estrechando la diferencia entre el salario mínimo y las retribuciones de las categorías inferiores del personal laboral autonómico.
La evolución salarial contrasta además con el coste de la vivienda en Santander. El precio medio del alquiler en la capital cántabra se acerca actualmente a los 1.100 euros mensuales, según los datos de los principales portales inmobiliarios, una cantidad que supone una parte muy elevada del salario de una trabajadora de las categorías inferiores del convenio y que convierte en urgente la actualización de las tablas salariales.
No solo es una cuestión salarial
El conflicto no se limita al dinero. Los trabajadores encerrados denuncian también retrocesos en derechos laborales y el bloqueo de la negociación de un nuevo convenio.
Según el comité, el VIII Convenio Colectivo ha sido objeto de distintas modificaciones parciales a lo largo de los años. Sin embargo, cuando los representantes de los trabajadores plantearon una última modificación, aseguran que la respuesta de la Administración fue que “no se podían hacer más”. De ahí, explican, la decisión de denunciar el convenio y abordar la negociación de un nuevo acuerdo.
Entre las cuestiones que preocupan especialmente al Comité están los derechos de conciliación. Según explican, determinadas situaciones que actualmente permiten ejercer estos derechos pasarían a remitirse a una “bolsa de horas” recuperable, lo que supondría, a su juicio, una pérdida de derechos.
También denuncian la pérdida de plazas de origen vinculadas a los procesos de promoción interna, algo que consideran, limitaría las posibilidades de progresión profesional de la plantilla.
El Comité reclama así que el nuevo convenio no sirva para consolidar retrocesos, sino para actualizar y mejorar las condiciones laborales del personal de la Administración autonómica.
El Gobierno reivindica los avances; el Comité los cuestiona
La Consejería de Presidencia sostiene, por su parte, que no existe bloqueo y asegura que se han celebrado 19 reuniones de la mesa negociadora. El Gobierno cántabro también reivindica como muestra de su voluntad negociadora otros acuerdos alcanzados durante la legislatura, como las ofertas de empleo público, la reducción de la temporalidad, el Plan de Igualdad o el convenio del SEMCA.
Sin embargo, el Comité de Empresa cuestiona precisamente que esos acuerdos puedan presentarse como avances de la negociación del IX Convenio. Según han trasladado a los medios, el SEMCA cuenta con un ámbito laboral y una representación propia, mientras que el concurso de méritos corresponde al personal funcionario y no al personal laboral que representa el Comité.
Por eso mismo lanzan una pregunta al Gobierno autonómico: ¿Qué grandes acuerdos ha alcanzado durante esta legislatura con este Comité de Empresa que hayan supuesto una mejora efectiva de las condiciones económicas o de los derechos del personal laboral?
“Queremos negociar”
“Estamos confinados en la primera planta del Gobierno de Cantabria, hemos pedido un cronograma y una negociación real y hasta que no haya compromiso, no nos vamos amover de aquí”. Así de contundente se muestra el Comité, que insiste en que su objetivo no es romper la negociación, sino conseguir que esta sea efectiva.
“El Comité quiere negociar. Quiere sentarse a la mesa y alcanzar un IX Convenio Colectivo que actualice y mejore las condiciones laborales del personal”, señalan.
Ahora la pelota queda en el tejado de la Comisión Negociadora. Los representantes de los trabajadores reclaman que la reunión del jueves no se limite a una nueva declaración de intenciones y que el Gobierno acuda con propuestas concretas, financiación y respuestas por escrito a las reivindicaciones planteadas.
El encierro, mientras tanto, continúa. Los sindicatos no descartan adoptar más medidas de presión si no se produce un avance significativo en la negociación, con UFT, CSIF y TÚ entre los participantes del encierro.
