La Comisión Europea investigará la rebaja en protección medioambiental del Real Decreto anticrisis de Sánchez, tras la denuncia de Podemos Cantabria

Podemos Cantabria ha anunciado hoy que Dolors Montserrat, exministra de Sanidad y actual presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se ha puesto en contacto con la formación para anunciarles su decisión de pedir a la Comisión Europea una investigación sobre el Real Decreto-ley 20/2022, en el que se eliminan requisitos ambientales para acelerar la implantación de grandes parques eólicos, atendiendo así la petición que Podemos Cantabria formuló a principios de año.

La formación morada considera “una gran noticia” que la Comisión Europea vaya a investigar la interpretación que hace Pedro Sánchez de la normativa europea ya que, en su opinión, “la norma de Sánchez no tiene nada que ver con la propuesta que viene de Europa”, y por eso esperan “que la Unión Europea le obligue a rectificar y a mantener la evaluación de impacto ambiental como requisito imprescindible”.

Pablo Gómez, secretario de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, considera que “Podemos apuesta por la implantación de las energías renovables y aplaudimos medidas que faciliten su implantación, pero cualquier medida que pase por encima del respeto al medio ambiente o de la adecuada ordenación territorial, nos tendrá enfrente”.

Gómez afirma que “Europa permite a los Estados miembros eximir a los proyectos de energías renovables de la evaluación de impacto ambiental, a condición de que el proyecto esté ubicado en una zona específica de energías renovables sometida a evaluación ambiental estratégica previa”, algo que, en su opinión, “no tiene nada que ver con el texto de Sánchez, que permite excluirse del procedimiento de evaluación, siempre y cuando no se ubiquen en espacios de la Red Natura 2000”.

Además, desde Podemos consideran que el Real Decreto de Sánchez “tampoco cumple el convenio Aarhus, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y que fue incorporado a la legislación española mediante la Ley 27/2006”, por lo que esperan que Europa les dé pronto la razón “y acabe este sinsentido que pone en riesgo la biodiversidad y el desarrollo económico de todo el sur de Cantabria”.

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